En el año 2005 fueron anuladas en el país la Ley de Punto Final y Obediencia Debida, esto permitió reabrir los juicios penales a los militares implicados en crímenes de Lesa Humanidad ocurridos durante la ultima dictadura. 56 expedientes de 9500 fojas fueron trasladados de la Cámara Federal de Bahía Blanca al juzgado federal numero 2 de Neuquen.
Las investigaciones e indagatorias por los crímenes cometidos en la región se llevaron adelante en dos sedes judiciales en Neuquen a cargo del Juez de Instrucción Guillermo Labatey en la cámara federal de General Roca por la jueza Maria del Carmen García.
En el caso de Neuquen sé esta esperando la elevación a juicio oral y publico de las causas que implica llevar al banquillo militares que actuaron en el centro clandestino de detención La escuelita. En el caso de General Roca, luego de la declaración de incompetencia de la jueza, quedaron anulados todos los procedimientos llevados adelante y los acusados quedaron en libertad.
Neuquén: una mirada a las causas
Dentro de la estrategia judicial llevada adelante por el juez Guillermo Labate en esta primera instanciase investigó la responsabilidad del jefe del Batallón Enrique Olea, del jefe de inteligencia del Comando Oscar Rionhold y del jefe del área de Personal en las detenciones ilegales Farias Barrera. Se indago y proceso a los militares por 17 casos de desaparición forzada de personas ocurridos entre 1976 y 1977 en el centro clandestino "La Escuelita", de Neuquen.
El total de los casos ocurridos en la región suman cerca de 56 denuncias de víctimas que denunciaron haber sido detenidas ilegalmente y torturadas en dependencias militares en Cutral Co, Neuquén y Cipolletti,los imputados por estos casos llegarían a 60 entre militares, oficiales y sub. oficiales policiales.
La estrategia emprendida por el juezLabate, acompañada por los querellantes (familiares de las victimas y la Asamblea Por los Derechos Humanos) ha recibido varias criticas y observaciones. El fiscal de Neuquen José Maria Darquier, en declaraciones periodísticas a un medio grafico local, opino que “el avance del proceso judicial desde esta perspectiva, propuesta por el juez, será lento y que los únicos perjudicados serán las victimas que deberán presentarse reiteradamente a declarar en juicios orales relatando una y otra ves la situación traumáticaque padecieron”. Por otro lado la Multisectorial contra el genocidio y la Impunidad, conformada por los organismos de derechos humanos (H.I.J.O.S. y CeProDH)y organizaciones sociales deNeuquen alerto que esta estrategia no solo revictimiza a los ex detenidos, sino que los coloca en una situación de riesgo teniendo encuentra el contexto de amenazas a testigos, victimas y jueces en la cual sé esta en el país y sumando algo mucho mas grave y preocupante comoes la desaparición de Jorge Julio López. En consonancia con un pedido nacional se solicito también la unificación de las causas por centro clandestino o circuitales, tomando como referencia los procedimientos llevados adelante en el juicio que condeno a Etchecolatz por el circuito Camps, así como también la exigencia de condena por genocidio.
Las indagatorias y procesos en esta primera etapa de las causas en Neuquen ya culminaron y se anuncio desde el juzgado que se girara al tribunal oral los primeros tres procesamientos que fueron confirmados en esta causa: el de los militares Enrique Braulio Olea, Oscar Lorenzo Reinhold y Luis Alberto Farías Barrera.
Las Causas que ya no están en Fiske Menuco (General Roca)
Los hechos que fueron investigados en la causa que llevo adelante la jueza Maria del Carmen García y la fiscalía federal de primera a cargo de Marcelo Grosso tuvieron como víctimas al matrimonio chileno compuesto por José Luis Appel de la Cruz y Carmen Angélica Delard Cabezas; al periodista Jorge Alberto Asenjo; a Juan Raúl Pichulman (quien vivía en J. J. Gómez); a la estudiante secundaria Leticia Andrea Veraldi y a Carlos Horacio Magariños, de Cipolletti. Todos ellos desaparecidos. Mientras que como sobrevivientes víctimas de secuestros y tormentos, estaban en la causaLuis Alfredo M. Genga; Norberto Osvaldo Blanco, su esposa Silvia Noemí Barco; el roquense Rubén Ríos, Roberto Liberatore, Amalia Cancio y Rubén Sergio Sáez.
En los procedimientos llevados adelante se había indagado y procesado a:
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Comisario General ANTONIO ALBERTO CAMARELLI, alias “Tito”
Fue Jefe de la Comisaría N° 7° de la ciudad de Cipolletti entre el 01 de Setiembre de 1975 a Diciembre de 1976 |
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JORGE ALBERTO GALERA
Oficial de la Policía Provincial Rionegrina afectado a la Comisaría de Cinco Saltos Río Negro entre el 01 de Febrero del 1975 y junio de 1978. En junio del año 1980 -fue el de Jefe de Informaciones de la Comisaría de 7° de Cipolletti hasta el año 1984. En febrero de 1981 se lo designa para realizar un curso de Capacitación de Inteligencia en la Armada Argentina en Capital Federal con una duración de nueve (9) meses, probablemente en la Escuela de Mecánica de la Armada. |
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Comisario ALBERTO MARIO MARASCO
Fue Principal de la Policía Provincial Rionegrina entre el día 21 de Enero de 1977 y durante el año 1978, |
Comisario Federico Guillermo HRUSCHKA
Fue Jefe de la Regional II de la Policía Provincial Rionegrina entre el 01 de Febrero del 1975 y el 05 de Febrero de 1978
Comisario DESIDERIO PENCHULEF
Fue Principal Jefe de la Comisaría de Cinco Saltos entre 1976 hasta los primeros meses de 1979
Oficial MIGUEL ANGEL QUIÑONES
Oficial de la Policía Provincial de Río Negro entre los años 1976 y 1978 cumpliendo funciones de informaciones en la Comisaría 7° de la ciudad de Cipolletti y en la Comisaría de Cinco Saltos
Luego de la decisión adoptada por el tribunal federal de declarar la nulidad de lo actuado por la jueza Maria el carme García quedaron nulas las indagatorias y los procesamientos por los cuales se acusaba a estos jefes policiales de delitos de lesa humanidad.
La Cámara Federal integrada por los camaristas Carlos Müller, Ricardo Barreiro y Arturo Pérez Petit resolvió que las fojas del expediente se incorporen a la causa que lleva adelante el juez de instrucción Guillermo Labate, en Neuquen Capital.
La decisión, según los camaristas, fue adoptada luego de registrarse irregularidades en las actuaciones júdiciales. Losimputados Federico Hruschka, Antonio Camarelli, Mario Marasco, Desiderio Penchulef, Miguel Quiñónez habían sido acusados en julio de este añopor privación ilegítima de la libertad agravada por el uso de la violencia reiterada, amenazas por persecución política en concurso real con aplicación de torturas agravadas por persecución política y reiterada en varios hechos. También fueron imputados por asociación ilícita agravada. Mientras que Galera sólo estaba imputado por privación ilegítima de la libertad.
El tribunal cuestionó que en el auto de procesamiento dictado por García la descripción de los hechos investigados es ambigua, genérica e imprecisa, por lo tanto se vulneró el derecho de defensa en juicio de los imputados, quienes no pudieron responder a preguntas sobre conductas delictivas puntuales en las que podrían haber incurrido.
"No es posible admitir que se indague con una fórmula "ómnibus" a un conjunto de inculpados, apiñando distintos hechos delictivos, diversos modos comisivos algunos incompatibles entre sí, agravantes, así como otros sucesos atribuidos a personas indeterminadas (tormentos), todo ello expuesto con desorden manifiesta que impide su comprensión cabal para, luego, en un momento posterior del trámite, escoger de ese menú, mediante una operación intelectual, lo que resulta útil para dictar una medida de sometimiento a proceso", afirmaron los magistrados.
Frente a esta situación el observatorio de Derechos Humanos manifestó su indignación " Todos lo policías involucrados en estos hechos y que están claramente probados y reconocidos, fueron puestos en libertad por argucias procésales" "No queremos mas dilataciones, ni libertad a los represores".
Las investigaciones efectuadas fueron remitidas a la justicia federal neuquina.
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